El presidente Donald Trump prometió ayudar a proteger a los trabajadores agrícolas apenas unos días después de que funcionarios federales de inmigración se enfocaron operativos en granjas y plantas empacadoras de carne en su misión de detener a personas sin estatus legal.
Durante meses, la administración Trump ha estado enviando señales contradictorias a la comunidad agrícola sobre cuán inmune es su fuerza de trabajo al esfuerzo por llevar a cabo deportaciones masivas.
La industria agrícola se encuentra entre las que emplean a un gran número de trabajadores sin estatus legal para trabajar en Estados Unidos. Y en varias comunidades, las plantas empacadoras de carne emplean a personas con estatus de protección temporal o libertad condicional, que incluye autorización de trabajo, aunque la administración revocó muchas de esas protecciones en los últimos meses.
La administración se ha centrado principalmente en la aplicación de la ley en otros lugares de trabajo, dejando de lado al sector agrícola. Eso cambió cuando los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a más de 70 personas en una planta empacadora de carne en Omaha, Nebraska, y agentes federales se enfocaron en campos agrícolas al norte de Los Ángeles el mismo día, el 11 de junio.
"Han corrido rumores tras el inicio de la nueva administración; la gente temía que algo así pudiera ocurrir", dijo Roger Garcia, Demócrata y comisionado del condado de Douglas en Nebraska, cuyo distrito incluye Omaha. "Personas a quienes les quitaron a sus madres, a sus cónyuges ... simplemente personas que llevan décadas trabajando aquí criando a sus hijos. Son personas que quieren trabajar y, lamentablemente, quedaron atrapadas en las redadas".
"No podemos llevarnos a los agricultores y a toda su gente y enviarlos de regreso porque tal vez no tengan lo que se supone que deberían tener, o tal vez no debe ser así", dijo Trump.
Pero otros miembros de su administración han tenido un mensaje diferente: quien no tenga estatus legal tiene que irse o corre el riesgo de ser arrestado.
"Quienes creen que podemos ignorar a estas ciudades santuario e ignorar las leyes para que alguien pueda conservar su trabajo son absolutamente ridículos", declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a Fox News. "Los Estados Unidos no se trata de eso. Tenemos una fuerza laboral y una generación de personas que tramposamente han sido despojadas de sus empleos".
El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, continúa prometiendo que habrá más control en los lugares de trabajo.
"Estas operaciones protegen no solo a los trabajadores estadounidenses, sino también a los inmigrantes indocumentados", declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a NPR. "El presidente Trump no permitirá que los delincuentes abusen y exploten a los trabajadores para obtener ganancias".
Elizabeth Strater, directora de campañas estratégicas de United Farm Workers, aseveró que la aplicación de la ley en los centros de trabajo la semana pasada fue la mayor acción que ha visto hasta la fecha dirigida al sector agrícola. El sindicato también recibió informes de empleadores que rechazaban a funcionarios federales si no contaban con una orden judicial.
"Estamos escuchando a empleadores agrícolas que normalmente nos verían como una especie de adversarios, y están receptivos a buscar asesoramiento y recursos sobre cómo proteger sus operaciones", dijo Strater.
"Ese es un aspecto positivo de lo sucedido. Vimos varios incidentes en los que se intentó allanar un lugar de trabajo y el empleador conocía sus derechos, e instaló una barrera y dijo: 'No tienen permiso para estar aquí, tienen que abandonar mi propiedad'", añadió.
Strater aseguró que después de los comentarios de Trump afirmando proteger a los trabajadores agrícolas, los empleados de las comunidades agrícolas al norte de Los Ángeles continuaron siendo arrestados y detenidos por funcionarios federales de inmigración.
El domingo, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, escribió en redes sociales que apoya la agenda de inmigración del presidente Trump "empezando con una fuerte seguridad fronteriza y la deportación de TODOS los inmigrantes ilegales".
En la publicación, ella señala las preocupaciones sobre las interrupciones en la cadena de suministro de alimentos estadounidense si la mano de obra se ve afectada.
"Las interrupciones graves en nuestro suministro de alimentos perjudicarán a los estadounidenses", publicó Rollins. "Nos llevó décadas meternos en este lío y estamos priorizando las deportaciones para que podamos salir de allí".
Los agricultores piden cambios en programa de visas
El Departamento de Agricultura estima que alrededor del 42% de los trabajadores agrícolas no tiene estatus legal. Y una gran mayoría están en puntos fijos, lo que significa que trabajan en un sólo lugar a menos de 120 kilómetros de su hogar.
El sector agrícola tiene acceso principalmente a la visa H-2A, destinada a trabajadores temporales. En 2020, los trabajadores temporales representaban solo el 10% de la fuerza laboral agrícola, pero su número se ha disparado, especialmente en los estados del sureste y la costa oeste.
En este año fiscal, la demanda ha aumentado casi un 10% con respecto al año pasado, según datos del Departamento de Trabajo.
Sin embargo, no todos cumplen los requisitos. Las lecherías, por ejemplo, que requieren trabajo todo el año, no pueden contratar empleados con visas H-2A. Las estimaciones de la industria muestran que esto resulta en un mayor número de trabajadores no autorizados.
"Ha sido un desafío con la situación actual de las deportaciones. Apoyamos totalmente la seguridad en la frontera", aclaró Kim Skellie, vicepresidenta de la Oficina Agrícola de Nueva York, en una entrevista con NPR. "También están nerviosos muchos empleados de granjas lecheras, preocupados por su estatus migratorio y por si se produce una redada en una granja que pueda cambiarles la vida significativamente, así como la de los dueños de la granja".
El gobierno ha sido abierto sobre su objetivo de ir más allá de arrestar y deportar a personas con antecedentes penales en lo que los funcionarios llaman arrestos "colaterales".
Eso, según Skellie, es lo que mantiene a las comunidades en vilo. Incluso en el Congreso, el acoso a inmigrantes sin antecedentes penales ha suscitado cuestionamientos entre los Republicanos.
En una carta al director interino de Inmigración y Control de Aduanas, Todd Lyons, seis representantes Republicanos solicitaron datos sobre las características criminales de los detenidos.
"Nos preocupa que sus limitados recursos se vean limitados para perseguir a personas que no representan una amenaza inmediata para la seguridad pública", escribieron los legisladores. "Cada minuto que dedicamos a perseguir a una persona sin antecedentes penales es un minuto menos que dedicamos a detener a terroristas o miembros de cárteles".
Aun así, es responsabilidad del Congreso realizar cambios en cualquier programa de visas, incluyendo ampliar el acceso a quién puede usarlo o cambiar las reglas o brindar vías para obtener un estatus legal.
"Cuando calculamos todos esos costos de cuidado, nos cuesta aproximadamente $39 la hora contratar a un trabajador en el campo", dijo Mike McCarthy, de la Oficina Agrícola de Oregón, un agricultor que cultiva manzanas, peras y cerezas. Agregó que se necesitan trabajadores para podar y recolectar cada fruta a mano. "Y eso supera con creces nuestra capacidad para cubrir esos costos con los pagos que recibimos por nuestra fruta".
Este año, explicó, se prevé que las cosechas de manzanas y peras en el noroeste sean mayores de lo habitual. Destacó que esto suele reducir los precios de las propias frutas.
Los agricultores señalan las interrupciones en la cadena de suministro de alimentos ocurridas durante la pandemia como un ejemplo de lo que podría suceder si la fuerza laboral desaparece.
"No queremos que la gente olvide que hubo estantes vacíos por un tiempo y no queremos volver a esa situación debido a deportaciones masivas de trabajadores agrícolas que de otra manera podrían haberse evitado para el bien del país", dijo Skellie.
A pesar de la reciente oleada de medidas, algunos aún mantienen la esperanza de que su sector quede en paz.
"Creo que se está reconociendo la importancia de la producción agrícola en comunidades rurales", dijo McCarthy. "No creo que se pierda esa comprensión; las numerosas deportaciones en las comunidades agrícolas podrían causar graves problemas económicos en nuestras comunidades rurales de todo Estados Unidos".
Elizabeth Strater, del sindicato United Farm Workers y otros defensores de la inmigración, no están de acuerdo en decir que la industria esté descartada.
"No creo que exista un lugar más seguro en este momento", argumentó Strater. "Esta disposición a ir a una comunidad de trabajadores agrícolas y aterrorizar a todos los presentes, independientemente de su estatus legal, debería ser una llamada de atención para quienes aún albergan la esperanza de que la administración Trump, de alguna manera, haga la vista gorda en lo que respecta a los empleadores agrícolas".
Aún así, reiteró Strater, a pesar del temor en las comunidades el trabajo continuará.
"Podríamos tener algunos días aquí y allá en que la gente esté muy asustada o suspenda sus labores", consideró. "Habrá muchos cambios en sus hábitos, pero seguirán yendo a trabajar".
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.
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