Los pasillos de los tribunales de inmigración en Manhattan permanecen en silencio en un día reciente de agosto, salvo por el sonido de cinco hombres con mascarillas y gafas de sol, viendo sus teléfonos y hablando entre ellos. Ellos son agentes de inmigración y de las fuerzas del orden federales, que llevan a cabo el despliegue policiaco que ha provocado caos en estas cortes.
Hace ocho meses, los tribunales eran una parte poco conocida de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia, donde los jueces revisan casos de personas que residen en el país sin documentos.
Sin embargo, este verano, los tribunales en los edificios Federal Plaza 26 y Broadway 290 en la parte baja de Manhattan, al igual que docenas de cortes en todo el país, se convirtieron en el epicentro de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para aumentar los arrestos por infracciones migratorias.
"Al principio no había agentes de ICE, y en los últimos seis meses la cantidad está aumentando", dijo John Sarabella, voluntario de la Coalición Nuevo Santuario, un grupo defensor de derechos de los inmigrantes que lucha contra las deportaciones. "Y sus estrategias y tácticas se han vuelto cada vez más agresivas y asertivas".
Sarabella, quien afirma visitar los tribunales de Manhattan una vez por semana, ahora presencia arrestos cada vez que asiste. Es uno de muchos que se oponen a las políticas migratorias de la administración Trump.
Diversos grupos protestan frente a los tribunales, miembros del clero acompañan a inmigrantes a las audiencias y, ocasionalmente, se producen detenciones o enfrentamientos entre las fuerzas del orden y funcionarios electos.
La semana pasada, el alcalde Demócrata de Nueva York, Eric Adams, presentó una petición escrita ante el tribunal pidiendo el fin de los arrestos en tribunales por parte de las agencias federales.
"Esta campaña ha tenido un alto costo para nuestros residentes", declaró en la presentación. Agregó que la estrategia de las autoridades migratorias disuade a las personas de asistir a sus audiencias, que son obligatorias, y debilita la confianza en la aplicación de la ley.
La presencia de agentes federales aplicando la ley de inmigración ha sumido en un caos a la jerarquía establecida en estos pasillos.
"Hemos visto morir una institución en tiempo real", afirmķ Benjamin Remy, abogado del Grupo de Asistencia Legal de Nueva York, que brinda servicios legales a inmigrantes que transitan por el sistema judicial. "Ver cómo esta institución, en la que hemos defendido casos y representado a personas durante años, ha sido prácticamente destruida por el Departamento de Seguridad Nacional, en cuestión de meses, ha sido absolutamente surrealista".
Remy, al igual que otros defensores legales, pasa sus días en los pasillos de los tribunales de inmigración, hablando con inmigrantes mientras son detenidos por agentes en la puerta de las salas, incluso cuando un juez les concede tiempo adicional o una nueva fecha de audiencia. Expuso que estos arrestos exhiben cuestiones más amplias del debido proceso legal.
"Este nexo que estamos viendo, incluso aquí en la ciudad de Nueva York, en los tribunales de inmigración, nos plantea preguntas fundamentales sobre la democracia y en qué país queremos vivir", planteó Remy. "También es importante comprender que no se trata solo de un problema de inmigración. Es una cuestión constitucional fundamental, relacionada con el debido proceso".
Los juzgados de Manhattan bajo mayor escrutinio
Una semana antes de la visita de NPR a ambos edificios federales, el 26 Federal Plaza había sido desalojado después de que funcionarios de inmigración encontraron un polvo blanco desconocido en un sobre.
Varias organizaciones pro derechos humanos se manifiestan periódicamente contra los arrestos.
El ambiente dentro de los edificios ofrece experiencias contrastantes. Algunos visitantes cruzan el control de seguridad con alegría, peinándose mientras se preparan para juramentar finalmente como ciudadanos estadounidenses. Otros se aferran con nerviosismo a sus carpetas y folders de plástico, llenos de documentación personal, diplomas y los papeles con los que esperan que se les permita quedarse en el país.
El ritmo de los procesos es rápido.
En una sala del tribunal en el número 26 de Federal Plaza, un juez de inmigración revisa más de dos docenas de casos. Llama a cada persona por su nombre, a muchos virtualmente, y anuncia que se ha iniciado el proceso de deportación para que salgan de Estados Unidos.
Se le pregunta a los abogados de los migrantes si sus clientes admiten las acusaciones presentadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés): que ingresaron o se encuentran en el país ilegalmente. La respuesta es sí. El juez solicita a los abogados del DHS que indiquen un país para deportarlos: China, Guyana, Colombia, India.
Finalmente, el juez fija una fecha para una audiencia individual: una oportunidad para solicitar asilo, la cancelación de la deportación u otras formas de protección. ¿Las fechas? Todas en 2029.
Ese año se ha convertido en una rutina en los tribunales de todo el país. Jueces de inmigración hacen malabares debido a que hay unos 3.7 millones de casos retrasados. Remy, el abogado de NYLAG, aseveró que en las últimas semanas menos personas se han presentado a sus audiencias, lo que pone en riesgo las órdenes de deportación definitivas.
"Se está colocando a la gente en una situación absolutamente imposible", planteó. "Se les obliga a arriesgar su libertad en lugar de continuar con su caso, con su petición".
Protocolo contradictorio de agencias competidoras
La seguridad del tribunal está bajo la creciente presión de instrucciones protocolares contradictorias.
Como resultado, a los periodistas de NPR a veces se les permitía el acceso a las áreas públicas siempre y cuando evitaran grabar, a raíz de una directiva consistente con una política previamente establecida. En otras ocasiones, a veces en el mismo edificio, se les permitió grabar en algunos pasillos, se les prohibió el acceso a otros pasillos y se les negó la entrada a espacios designados para el público.
Los empleados de Paragon Systems, cuya empresa tiene el contrato de seguridad bajo el Servicio de Protección Federal, una agencia del DHS, admitieron a NPR que sus directivas seguían cambiando.
En una sala del piso 20 del 290 de Broadway, un juez comenzó a repasar las primeras comparecencias judiciales de migrantes. Una joven apareció por videoconferencia, representándose a sí misma. Su caso fue transferido a un expediente de menores. Tendrá que volver a comparecer.
Cuatro hombres estaban sentados en los bancos de madera, esperando que sus casos fueran presentados.
De pronto, agentes federales les ordenaron a los periodistas de NPR —los únicos presentes en la audiencia pública— que abandonaran la sala. Media docena de agentes, incluyendo oficiales con chalecos con la leyenda "ICE" y un oficial de seguridad de Paragon, les indicaron a los periodistas que no se les permitía entrar.
El secretario judicial de la corte ingresó a la sala debido a la conmoción, mientras los agentes pedían repetidamente a periodistas de NPR que salieran. Minutos después, el secretario judicial reapareció y permitió a NPR volver a entrar, aunque agentes federales permanecieron junto a la puerta. Mientras, los agentes preguntaron a los fotógrafos por qué se permitía la entrada a algunos reporteros y no a los que llevaban cámaras.
El juez susurró algo al oido del secretario, quien se fue y regresó con lo que parecía ser un funcionario judicial adicional que caminó por la sala del tribunal y cerró la puerta, aislando a los oficiales.
Un hombre de la República Dominicana le aclaró al juez en la sala que tenía pocas razones para quedarse. Optó por marcharse voluntariamente. Se fue, y fue seguido por funcionarios federales por el pasillo hasta perderse de vista.
Mayor presión, cambio de reglas
Al día siguiente, las tensiones aumentaron.
En el piso 20, decenas de inmigrantes, observadores judiciales, agentes federales y periodistas se encontraban en la sala de espera y en los pasillos.
La gente movía nerviosamente los pies. Chicas con vestidos reían entre sí sentadas junto a un agente de la ley con ropa de civil y sin mascarilla.
Un pequeño grupo de agentes federales, con chalecos que decían "policía" y "policía federal", se sentaba en un rincón de la sala de espera, casi siempre fuera de la vista, y ocasionalmente se subían y bajaban las mascarillas negras. Otro, con mascarilla, paseaba por los pasillos.
Cuando NPR y un observador judicial —un defensor de los inmigrantes— entraron en la sala, la policía federal pasó rozándoles. Un supervisor federal, que no llevaba mascarilla y que había estado sentado en la sala de espera antes, le gritó a NPR: "¡Deja de seguirme! ¡Por qué me sigues!" incluyendo palabras obscenas. Antes de volverse y gritarle lo mismo al observador judicial.
"¡No se trata de ti, para nada!", replicó ella.
Al doblar la esquina se oyeron más gritos.
"¡No me toques!", gritó la mujer. "¿Por qué me empujas? ¿Por qué me zarandeas? ¡No te estoy siguiendo!"
El agente sujetó a la observadora y la condujo a través de unas sólidas puertas dobles que hacia la plataforma de un montacargas. El altercado continuó:
¿Por qué me sacas? gritó la mujer.
"Porque me estás siguiendo", gritó el oficial.
"No te estoy siguiendo. No todo gira alrededor de ti", respondió la mujer.
El agente y la mujer desaparecieron por el elevador. Sus voces se oían a través de la puerta abierta de la sala mientras continuaba el proceso.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración declinó hacer comentarios sobre el incidente y remitió las preguntas sobre la aplicación de la ley, el acceso y la seguridad al DHS. El DHS no respondió a pedido de comentarios.
A seis pies de distancia, varias familias estaban sentadas en la sala de espera en espera de escuchar su nombre.
Más tarde, los observadores regulares del tribunal dijeron que era un día tranquilo en el tribunal.
—Con información de Sarah Ventre e Isabella Gomez Sarmiento
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Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.
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