Casi 20 jueces de inmigración recibieron correos electrónicos este mes informándoles que serán despedidos, según se enteró NPR, sumándose a los más de 80 jueces que ya han sido cesados por el Presidente Trump en lo que va del año.
Al menos 14 jueces de inmigración se enteraron el viernes que serían suspendidos y en algunos casos, sus contratos serían revocados el miércoles, según dos personas familiarizadas con los despidos y una confirmación de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos (IFPTE, por sus siglas en inglés), el sindicato que representa a los jueces de inmigración. Ambas personas hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.
Tribunales de Florida, Nueva York, Maryland, California y el estado de Washington se encuentran entre los afectados.
Esta medida se da tras el despido de otros cinco jueces de inmigración a principios de este mes. Los despidos de septiembre constituyen los más numerosos en un mes desde que dos docenas de jueces de inmigración fueron cesados en febrero, justo antes de su primer día de trabajo.
Los despidos aparentemente contradicen los objetivos de la administración Trump en materia de control migratorio, según los defensores.
La administración argumenta que los jueces de inmigración no han gestionado eficazmente su creciente carga de trabajo y que ha tomado medidas para agilizar el proceso de adjudicación de casos.
Esta disputa ofrece una perspectiva de la complejidad de los esfuerzos de la administración Trump para reducir la inmigración ilegal y deportar a millones de personas indocumentadas.
Los líderes sindicales se habían estado preparando para grandes recortes este mes, que marca el final del período de prueba de dos años para muchos jueces de inmigración.
El aumento de despidos se produce en un momento en que la administración Trump intenta aumentar el número de deportaciones.
Los jueces de inmigración, que son más bien funcionarios públicos, pueden aprobar o denegar una orden final de deportación.
Aun así, los defensores de la inmigración argumentan que la principal prioridad en la aplicación de las leyes migratorias es reducir el limitado debido proceso que reciben los inmigrantes, ya que los jueces destituidos son reemplazados por adjudicadores sin experiencia o no son reemplazados en absoluto.
"El despido de más jueces de inmigración es un revés ilógico y costoso para los tribunales de inmigración del país", declaró a NPR Matt Biggs, presidente del IFPTE. "En un momento en que el atraso ha alcanzado niveles históricos y la administración ha priorizado la aplicación de las leyes migratorias, la destitución de jueces experimentados es hipócrita, socava la ley, malgasta el dinero de los contribuyentes y retrasa aún más la justicia para ciudadanos e inmigrantes".
No todos los jueces que serán destituidos este año han llegado al final de su período de prueba en la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR son sus siglas en inglés), que forma parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Aun así, los despidos han provocado una cultura de miedo entre los empleados de la EOIR. Decenas de personas se acogieron a la "Bifurcación del Camino", un programa de renuncia voluntaria introducido tras la toma de posesión del Presidente Trump, cuyo objetivo era reducir el tamaño de la plantilla federal. La EOIR declinó hacer comentarios.
En los últimos nueve meses, la EOIR ha perdido más de 125 jueces por despidos y renuncias voluntarias, frente a los 700 jueces que tenía antes. A principios de año, la pérdida de jueces ha causado que los casos de inmigración se retrasen hasta 2029, según informó anteriormente NPR, ya que las vacantes aumentan a pesar de las ofertas de empleo abiertas para cubrir puestos en esos tribunales.
Continúan los despidos en medio de crecientes retrasos
Las últimas desvinculaciones se produjeron después de que el Congreso aprobó un proyecto de ley de gastos masivos que asignó más de $3,000 millones al Departamento de Justicia para actividades relacionadas con la inmigración, incluyendo la contratación de más jueces en este rubro.
La financiación y el personal adicional tienen como objetivo aliviar la creciente acumulación de casos, que asciende a casi 4 millones. La contratación y formación de nuevos jueces puede llevar más de un año.
En los últimos meses, el liderazgo de la EOIR ha criticado a los jueces por no gestionar eficientemente su carga de casos y ha alentado a los adjudicadores a agilizar las revisiones de asilo y tomar decisiones orales, en lugar de escritas, sobre la desestimación de casos..
A principios de este mes, a aproximadamente 600 abogados militares se les autorizó trabajar para el Departamento de Justicia como jueces temporales de inmigración. Y el Departamento de Justicia realizó cambios a quién podría calificar como juez de inmigración temporal, reduciendo efectivamente los requisitos y eliminando la necesidad de tener experiencia previa en inmigración.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.
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