WASHINGTON — Un tribunal federal de apelaciones de San Francisco dictaminó que es inconstitucional la orden del presidente Donald Trump que intenta poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento, confirmando una decisión de un tribunal inferior que bloqueó su implementación en todo el país.
El fallo de un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos se produce después que el plan de Trump también fue bloqueado por un juez federal en New Hampshire. Es la primera vez que un tribunal de apelaciones interviene y podría mandar este asunto de vuelta a la Corte Suprema.
La decisión del Noveno Circuito mantiene bloqueada la intención de la administración Trump para hacer cumplir la orden que negaría la ciudadanía a los niños nacidos de personas que se encuentran en los Estados Unidos de manera ilegal.
El tribunal de distrito concluyó correctamente que la interpretación propuesta en la Orden Ejecutiva, que niega la ciudadanía a muchas personas nacidas en los Estados Unidos, es inconstitucional. Estamos totalmente de acuerdo, escribió el panel de jueces.
El fallo mantiene vigente la decisión del juez federal de distrito, John C. Coughenour de Seattle, quien bloqueó el intento de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento y condenó lo que describió como un intento del gobierno de ignorar la Constitución para obtener crédito político. Coughenour fue el primero en bloquear la orden.
La Casa Blanca y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a los mensajes solicitando comentarios.
La Corte Suprema ha restringido el poder de los jueces de tribunales locales para emitir órdenes que afecten a todo el país, conocidas como órdenes judiciales de alcance nacional.
Pero la mayoría del Noveno Circuito determinó que el caso se amparaba en una de las excepciones que dejaron abiertas los jueces. El caso fue presentado por un grupo de estados que argumentaron la necesidad de una orden a nivel nacional para evitar los problemas que se derivarían de que la ciudadanía por nacimiento solo fuera legal en la mitad del país.
"Concluimos que el tribunal de distrito no abusó de su discreción al emitir una orden judicial universal para brindar a los estados un alivio completo", escribieron los jueces Michael Hawkins y Ronald Gould, ambos designados por el presidente Bill Clinton.
El juez Patrick Bumatay, designado por Trump, discrepó. Concluyó que los estados carecen de derecho legal, o legitimidad para demandar. "Debemos abordar cualquier solicitud de amparo universal con escepticismo de buena fe, conscientes de que la invocación de un 'amparo completo' no constituye una vía de escape para los mandatos judiciales universales", escribió.
Bumatay no opinó sobre si sería constitucional poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La Cláusula de Ciudadanía de la Enmienda 14 dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción estadounidense, son ciudadanos.
Los abogados del Departamento de Justicia argumentan que la frase "sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos" en la enmienda significa que la ciudadanía no se otorga automáticamente a los niños basándose únicamente en su lugar de nacimiento.
Los estados —Washington, Arizona, Illinois y Oregón— argumentan que esto ignora el lenguaje sencillo de la Cláusula de Ciudadanía, así como un caso histórico de ciudadanía por derecho de nacimiento litigado en 1898, en el que la Corte Suprema encontró que un niño nacido en San Francisco de padres chinos era ciudadano en virtud de su nacimiento en suelo estadounidense.
La orden de Trump establece que un niño nacido en Estados Unidos no es ciudadano si la madre no tiene estatus migratorio legal o se encuentra en el país legalmente, pero temporalmente, y el padre no es ciudadano estadounidense ni residente permanente legal. Se han presentado al menos nueve demandas en todo Estados Unidos impugnando la orden.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.
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